La Franja de Gaza, ese pequeño y densamente poblado enclave mediterráneo, se ha convertido en el cementerio de la conciencia internacional. Lo que allí ocurre no es una guerra más; es, a ojos de gran parte de la comunidad global, la expresión más explícita de una destrucción sistemática y desproporcionada que, según la misma Corte Internacional de Justicia, constituye un genocidio contra el pueblo palestino.
Desde los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás, la
respuesta militar de Israel ha rebasado por mucho el concepto de "defensa
propia" para adentrarse en la aniquilación de la infraestructura civil y
la vida humana a una escala apocalíptica.
Las cifras no son solo estadísticas, son lápidas para una generación.
Miles de niños y mujeres han sido asesinados, y decenas de miles de personas
han resultado heridas. Cerca del 70% de las víctimas mortales son civiles, de
acuerdo con los propios informes del Ministerio de Salud de Gaza.
Barrios enteros han sido borrados del mapa, escuelas, hospitales e instalaciones
de saneamiento han sido atacados, dejando a la población sin refugio, ni
atención médica. El bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria ha sido utilizado
como arma de guerra. A pesar de las órdenes de la CIJ, el flujo de alimentos,
agua y medicinas sigue siendo insuficiente, provocando la muerte de niños por
inanición y deshidratación, una mancha imborrable en la historia. Cerca del 85%
de la población de Gaza ha sido desplazada forzosamente, empujada una y otra
vez hacia zonas supuestamente "seguras" que luego son bombardeadas,
reviviendo la pesadilla del éxodo palestino llamado “Nakba” de 1948.
Seamos objetivos, el término genocidio señala el intento deliberado de
destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o
religioso. Las acusaciones no se basan únicamente en el número de muertos, sino
en un patrón de conducta y en las intenciones manifestadas por algunos
funcionarios y líderes militares israelíes.
La demanda de Sudáfrica ante la CIJ y el dictamen de esta corte, que
ordenó a Israel tomar medidas para prevenir actos de genocidio, ha dado
legitimidad legal a esta profunda preocupación. El mundo ya no puede pretender
ignorar la posibilidad de que se esté cometiendo el crimen de crímenes bajo su
mirada.
La masacre de Gaza es también una crónica de la impotencia y la
hipocresía internacional. Los países que se autodenominan “líderes” en derechos
humanos han condicionado, limitado o incluso suspendido su condena, priorizando
alianzas políticas y el flujo de armas sobre el derecho fundamental a la vida
de los palestinos.
La negativa a imponer un alto el fuego inmediato y permanente, el
fracaso para garantizar el acceso irrestricto de la ayuda, y el suministro
continuo de armamento a una de las partes en conflicto son actos que rozan la
complicidad moral. La historia juzgará con severidad a aquellos que tuvieron el
poder de detener la matanza y decidieron mirar hacia otro lado.
Gaza pertenece a Palestina, y merecen ser libres.
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