En febrero de 2022, el mundo presenció el inicio de una agresión brutal,
la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania, un acto que ha escalado
hasta convertirse en una de las crisis humanitarias más graves del siglo XXI.
Más allá de una mera guerra territorial, las acciones de Moscú revelan un
patrón sistemático de destrucción que encaja en la definición legal de
genocidio según la Convención de las Naciones Unidas de 1948.
Esta Convención define el genocidio como actos cometidos con la
intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso, incluyendo asesinatos, daños graves, condiciones que lleven
a la destrucción física, medidas para impedir nacimientos o traslados forzados
de niños. Basado en evidencia acumulada por organismos internacionales,
expertos y testimonios, es imperativo reconocer que la invasión rusa no es solo
una violación de la soberanía ucraniana, sino un genocidio deliberado contra el
pueblo ucraniano.
Los hechos hablan por sí solos. Desde el comienzo de la invasión, se han
documentado miles de crímenes de guerra que apuntan a un intento de erradicar
la identidad ucraniana. En Bucha, por ejemplo, se descubrieron fosas comunes
con cientos de civiles masacrados, muchos con signos de tortura y violaciones.
Estos no son incidentes aislados.
Informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch describen un
patrón de ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y saqueos en zonas
ocupadas, diseñados para aterrorizar y desplazar a la población. El asedio a
Mariupol, donde Rusia bombardeó hospitales, teatros y refugios civiles, dejando
a la ciudad en ruinas y causando miles de muertes por hambre, frío y
bombardeos, ilustra condiciones impuestas para provocar la destrucción física
del grupo ucraniano. Según estimaciones de la ONU, al menos 14,000 civiles han
muerto desde 2022, con cifras que podrían ser mucho más altas debido a la
subestimación en áreas ocupadas.
Uno de los elementos más alarmantes es el traslado forzado de niños
ucranianos a Rusia, un acto explícitamente genocida bajo el artículo II de la
Convención. Según varias fuentes, más de 307,000 niños han sido deportados,
muchos separados de sus familias y sometidos a programas de "reeducación"
para borrar su identidad ucraniana y asimilarlos como rusos.
Debido a esto, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto
contra Vladimir Putin por estos crímenes de guerra. El Consejo de Europa, en
abril de 2023, clasificó estos traslados como genocidio en una resolución aprobada
por abrumadora mayoría. La aparente intención genocida se evidencia en la
retórica oficial rusa. Putin ha negado repetidamente la existencia de Ucrania
como nación independiente, describiéndola como un invento histórico y a los
ucranianos como "no humanos".
En un mensaje de 2021, afirmó que rusos y ucranianos son "un solo
pueblo", justificando la anexión. Tras la invasión, un artículo en la
agencia estatal RIA Novosti titulado "Qué debería hacer Rusia con
Ucrania" abogaba por la eliminación de la élite ucraniana, la supresión de
su idioma y cultura, y el envío de millones a campos de trabajo forzado,
calificándolo como un "manual de genocidio" por expertos. La
propaganda rusa retrata a los ucranianos como "nazis" que deben ser
exterminados. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha expresado
preocupación por esta retórica como incitación al genocidio.
El Parlamento ucraniano declaró el genocidio en abril de 2022, citando
atrocidades masivas y esfuerzos para destruir la nación ucraniana. Países como
Polonia, Letonia, Lituania, Canadá, Chequia, Irlanda y Estonia han aprobado
resoluciones similares. En EUA, el presidente Joe Biden lo llamó genocidio en
abril de 2022, y el Congreso ha introducido resoluciones bipartidistas para
condenar las acciones rusas como tales.
Expertos como Timothy Snyder, historiador del Holocausto, argumentan que
la invasión cumple con los cinco tipos de crímenes genocidas, desde asesinatos
hasta la negación de la identidad nacional. El Instituto New Lines y el Centro
Raoul Wallenberg concluyeron en informes de 2022 y 2023 que hay bases
razonables para inferir una intención genocida, basados en patrones de
atrocidades y escalada de violaciones a los derechos humanos. Genocide Watch ha
emitido alertas de emergencia, identificando etapas de genocidio como
deshumanización, persecución y exterminio.
A pesar de esta evidencia abrumadora, la respuesta internacional ha sido
inconsistente. La Corte Internacional de Justicia avanza en un caso iniciado
por Ucrania, pero Rusia niega las acusaciones y contraataca con alegatos
infundados de genocidio ucraniano en Donbás. La CPI investiga crímenes de
guerra y genocidio desde 2013, pero la ejecución de órdenes de arresto depende
de la cooperación global. Esta reticencia a etiquetar formalmente el genocidio
permite a Rusia continuar su agresión impunemente, con millones desplazados y
una nación al borde de la aniquilación cultural.
Es hora de que la comunidad internacional actúe con decisión. Reconocer
la invasión rusa como genocidio no es solo una cuestión semántica; implica
obligaciones legales para prevenir y castigar, como sanciones más estrictas, incluso
un apoyo militar defensivo a Ucrania y procesos judiciales contra los
responsables. Ignorarlo equivale a complicidad histórica. Ucrania no lucha solo
por su supervivencia, sino por los principios que protegen a todas las naciones
de la barbarie. El mundo debe llamar a las cosas por su nombre. Esto es un
genocidio, y debe terminar ahora.
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